Más de cien antiguos usuarios de Vida Nueva publican un manifiesto en defensa del centro evangélico de Navarra

Más de cien antiguos usuarios del centro de acogida Vida Nueva, ubicado en Ciriza (Navarra) han publicado un manifiesto público en defensa de la entidad en respuesta a las acusaciones de tres exusuarias que han sido publicadas en varios medios de comunicación y que han presentado una demanda judicial.

El documento, publicado el 10 de mayo y respaldado por 105 firmas, coincide con la apertura de una investigación judicial que agrupa la denuncia de tres exusuarias del centro.

En el documento, los firmantes afirman haber llegado al centro en situaciones de grave vulnerabilidad —adicciones, problemas de salud mental, maltrato o exclusión social— y describen su experiencia como una oportunidad real de reconstruir sus vidas.

Los 105 firmantes dicen que el trato recibido fue en todo momento respetuoso y que su permanencia en el centro fue siempre voluntaria. Varios de ellos señalan que, tras superar sus dificultades, mantienen vínculos con la entidad por gratitud y para ayudar a otras personas en situaciones similares.

El escrito denuncia además el daño que las acusaciones publicadas en los medios les causan directamente, al asociar su historia personal a “escenarios completamente falsos e inventados”.

Según informó Newtral, tres mujeres que estuvieron internas en el centro presentaron denuncias ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, que ha acumulado los tres casos en unas mismas diligencias previas. La investigación afecta al matrimonio formado por Luis Nasarre y Maricarmen Sotés, fundadores de Vida Nueva, así como a otros nueve responsables vinculados al centro.

Las denunciantes atribuyen a los investigados conductas que podrían encajar en hasta diez tipos delictivos, entre ellos presuntos delitos de detención ilegal, coacciones, torturas por razones discriminatorias, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, lesiones graves, extorsión, vulneración de los derechos de los trabajadores, intrusismo profesional y organización criminal.

Las exinternas califican el centro como una “secta” y relatan supuestas prácticas de control sobre la vida cotidiana, imposición de matrimonios heterosexuales como culminación de procesos de rehabilitación, realización de exorcismos, trabajos no remunerados sin alta en la Seguridad Social y, según sus testimonios, castigos físicos a menores. Las tres mujeres han aportado a la causa informes periciales elaborados por el Centro SIRA que concluyen que las denunciantes fueron sometidas a “tortura”, “malos tratos” o “trato cruel, inhumano o degradante”.

Luis Nasarre, fundador y director de Vida Nueva, rechazó las acusaciones en declaraciones a Newtral, afirmando que las denuncias “están basadas en cosas que no son verdad” y atribuyéndolas al “resentimiento” de personas a las que, según afirmó, “no les encajó la forma de vida existente en el centro”.

La investigación se encuentra en fase inicial.

Por su parte la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, informó este martes 16 de junio en el Parlamento foral de que el Ejecutivo revocó el 8 de abril la autorización de funcionamiento del centro como Servicio de Centro Residencial de Inclusión Social, excluyéndolo del registro de centros de servicios sociales de Navarra.

La causa de la revocación no son las denuncias penales, sino el incumplimiento de un aspecto del Decreto Foral 92/2020 relativo al número de plazas por habitación, detectado en una inspección realizada en 2022. Maeztu explicó que el centro tenía plazo hasta marzo de 2025 para adaptarse a la norma y que, al comprobarse en diciembre de 2025 que no lo había hecho, se inició el procedimiento de revocación. El Gobierno de Navarra realizó seis inspecciones al centro desde 2016, sin que ninguna de ellas detectara indicios de ilícito penal ni recibiera denuncias de usuarios.

Maeztu precisó que Vida Nueva es “un centro de iniciativa privada” sin plazas concertadas y que no existe ningún protocolo de derivación desde los departamentos de Derechos Sociales ni de Salud. El centro sí recibió en mayo de 2026 tres subvenciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra por un total de 5.668 euros para programas de prevención de adicciones, bienestar emocional y promoción de la salud.

Josué Nasarre, portavoz de Vida Nueva, explicó a Protestante Digital que la revocación no impide el funcionamiento del centro: “Al no ser un centro concertado, la revocación de la autorización no impide el funcionamiento del centro; el centro puede seguir funcionando en las mismas condiciones que hasta ahora. Únicamente deja de formar parte del registro de servicios sociales”.

Nasarre añadió que la discrepancia con la administración viene de atrás: “Este asunto es independiente del tema de las denuncias. Es un asunto que venimos hablando con el gobierno de Navarra desde 2022, y debido a que no estamos de acuerdo con un aspecto específico de la nueva norma que entró en vigor entonces, entendimos que quedar fuera del registro era una opción a valorar. No obstante, aún estamos en fase de alegaciones”.

En respuesta a las informaciones publicadas, 105 antiguos usuarios del centro —hombres y mujeres que pasaron por Vida Nueva en diferentes períodos comprendidos entre 1988 y la actualidad— suscribieron el manifiesto y lo hicieron público en semanas recientes.

En él describen el centro como “un lugar seguro, respetuoso y acogedor” y afirman que llegaron a él “en momentos muy complicados a nivel personal, con adicciones, problemas de salud mental, problemas de maltrato, crisis emocionales, problemas familiares u otras situaciones de exclusión”. Los firmantes aseguran que el trato recibido “fue respetuoso, cercano y con dignidad” y que nadie les retuvo contra su voluntad ni les obligó a permanecer en el centro.

El documento también denuncia el impacto que las acusaciones tienen sobre los propios exusuarios: “Las mentiras dañan la reputación del centro y de personas que apreciamos, pero también dañan nuestra imagen, perjudican nuestra futura empleabilidad y, en conjunto, perjudican a los colectivos vulnerables y a toda la sociedad”.

Los firmantes lamentan asimismo que ningún medio se haya puesto en contacto con ellos para contrastar los hechos antes de publicar las acusaciones.

La nota de prensa que acompaña al manifiesto señala que varios testimonios de voluntarios y antiguos beneficiarios están disponibles en el canal de YouTube del centro y en su página web.

Josué Nasarre explicó a Protestante Digital el origen de la iniciativa: “Muchos antiguos usuarios han ido poniéndose en contacto con nosotros diciendo que querían ayudarnos y hacer algo al respecto. De ahí nace el manifiesto. Algunos usuarios son recientes y a otros les habíamos perdido la pista desde hace muchos años”.

Nasarre se refirió también a las denunciantes: “Son tres personas que desde hace muchos años vienen vertiendo todo tipo de acusaciones, cada vez más variadas, en redes sociales e Internet. Sabemos que se fueron con resentimiento por ciertas cosas, que nada tienen que ver con las denuncias. Las acusaciones que nos hacen son difamaciones que no reflejan la forma real de funcionar del centro en absoluto, y que buscan hacer el máximo daño posible”, concluyó.

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