El Congreso aprueba una iniciativa para reforzar la defensa de los cristianos perseguidos

La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles a una iniciativa presentada por el Partido Popular que busca fortalecer la respuesta de España ante la persecución religiosa. La propuesta pone el foco en la protección de las comunidades cristianas y en la promoción de una acción internacional más contundente frente a las masacres por motivos de fe.

Durante la presentación de la iniciativa, la diputada Maribel Sánchez subrayó que la libertad religiosa “no es un privilegio confesional”, sino un derecho humano fundamental y un “indicador de calidad democrática”. Recordó que este derecho está blindado por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque la realidad global dista mucho de cumplir este estándar.

Para contextualizar la urgencia de la propuesta, Sánchez se apoyó en los datos más recientes de entidades referentes en la materia. Citó la Lista Mundial de la Persecución 2026 elaborada por Puertas Abiertas, donde señala que 388 millones de cristianos viven en países donde sufren niveles altos, muy altos o extremos de persecución y discriminación.

“No estamos ante hechos aislados”, afirmó Sánchez, sino ante un patrón estructural donde “el auge de los gobiernos autoritarios y las guerras están fulminando el derecho a la libertad religiosa”.

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La iniciativa aprobada no solo señala la violencia física, sino también la discriminación sistemática que limita la vida diaria de millones de creyentes.

En este sentido, cabe recordar el análisis que Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, compartía en una entrevista con Protestante Digital. Blake explicaba que la persecución a menudo es silenciosa y estructural: “No es que todos estén siendo perseguidos todo el tiempo, pero viven en un contexto donde son vulnerables y sus derechos se ven limitados en su día a día”.

Esta “presión” cotidiana se traduce en dificultades para acceder a empleos, educación o justicia, convirtiendo a los cristianos en ciudadanos de segunda en decenas de naciones.

El texto aprobado reclama que España refuerce su acción diplomática y lidere condenas en el seno de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la ONU. Además, la propuesta vincula el respeto a los derechos humanos con los acuerdos internacionales, señalando que la defensa de la libertad religiosa es también una herramienta para prevenir la migración forzosa.

Pese a que la votación mostró la división del arco parlamentario (la propuesta salió adelante por un solo voto de diferencia y con 18 abstenciones), el resultado sitúa de nuevo en la agenda política española la responsabilidad institucional ante una realidad que, según el Informe de Libertad Religiosa 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, afecta a más de 5.400 millones de personas que viven en países con graves vulneraciones de este derecho.